ANTECEDENTES. DATOS REVELADORES

El acceso a la justicia es un derecho fundamental del ser humano. Un Estado que no permita, dificulte o dilate, por los motivos que fueran, el acceso de los ciudadanos a la justicia conspira contra la seguridad jurídica y el bienestar de las personas.

La mora judicial en el Paraguay

Entre 18 naciones abarcadas en un estudio a nivel continental, Paraguay ocupa el 5º lugar entre los de mayor mora judicial1.

La mora y el retardo en la Justicia tienen múltiples causas, que varían, se reducen o se amplían de acuerdo a la jurisdicción. El incumplimiento de los plazos para ciertas actuaciones procesales, las acciones dilatorias en forma de incidentes, o las suspensiones de las audiencias, son algunas de ellas. En una reciente visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia a los juzgados penales de San Lorenzo, expresaron su “preocupación por la alta cantidad de audiencias suspendidas por la ausencia de fiscales o defensores públicos”. 2

En el ámbito penal, la mora judicial no atendida puede tener una consecuencia de impunidad, por cuanto el proceso penal tiene un tiempo limitado de duración, luego del cual las causas se extinguen. La impunidad, aliada de la corrupción y la ilegalidad, afecta a todos los ciudadanos pero causa mayor impacto en los grupos vulnerables, por cuanto éstos tienen generalmente oportunidades reducidas en el acceso a la justicia (entre otras razones, por los costos, por la marginación de sus intereses, por la dificultad que tienen para influir en la atención de sus demandas, etc.) De hecho, los sectores más vulnerables se sienten marginados y/o discriminados en cuanto al acceso a la justicia, tal como se comprueba en la Encuesta de Hogares 2006. Este estudio revela que el 72% de los pobres se siente discriminado “siempre” y el 19% “a veces”. En otros grupos, los índices son también significativos: mujeres (21 % “siempre” y 37 % “a veces”) jóvenes (17 % “siempre” y 36 % “a veces”).3

La impunidad es un problema reconocido como tal a nivel de opinión pública y remarcada en estudios específicos. De 238 personas, entre autoridades funcionarios públicos, acusadas por hechos de corrupción entre los años 2001 y 2003, el 77% no fue sometido a juicio y, en cambio, logró beneficiarse con la prescripción de sus respectivas causas penales.4

Esta situación provoca un descreimiento acentuado hacia la institución judicial. Según estudios, más del 77 % de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la Justicia, y una cifra similar considera que si fueran víctima de un hecho delictivo confiarían “poco” o “nada” en el sistema judicial. Por todo ello, las acciones que contribuyan a combatir las causas de la mora judicial, ayudarán a mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía en general, y de grupos vulnerables en particular, así como a recuperar la credibilidad de la gente en la institución y el sistema de Justicia.5

1 Latinobarómetro, Estudio sobre mora judicial e incumplimiento de leyes, 2005.
2 www.pj.gov.py. “Elevada suspensión de audiencias en San Lorenzo por inasistencia de fiscales”.
3 DGEEC, Encuesta de Hogares 2006.
4 Universidad UNIDA, Estudio sobre corrupción e impunidad en el ámbito judicial, 2006
5 CIRD, Encuesta sobre Cultura política y gobernabilidad democrática, 2006.